¿Y hundido? PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 26 de Diciembre de 2012 10:14

La Consejería de Educación anunció el pasado jueves durante la Mesa Sectorial celebrada con las organizaciones sindicales la suspensión del “Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares”. En una escueta nota de prensa ofrece lo más parecido a una explicación de esta supuesta marcha atrás en sus intenciones iniciales. Así por ejemplo afirma:

Las circunstancias económicas actuales, la contestación que ha tenido en algunos sectores de la comunidad educativa y el objetivo prioritario de mantener la plantilla de profesorado por parte del Gobierno andaluz fundamentan la decisión de la Consejería.

Que no hay dinero en la buchaca es evidente; la propia Consejería de Educación ha puesto a lo largo de los años suficientes granos de arena para que hayamos llegado a esta situación, fomentando la cultura del despilfarro en programas, planes y subvenciones estériles, cuya única consecuencia visible ha sido la de garantizarse las simpatías de las diferentes partes adheridas.

Que ha habido contestación, eufemismo de rechazo,  por parte de algunos sectores no es menos cierto. Ya antes de que PIENSA se constituyera como organización, sus integrantes participaron de manera activa para concienciar al profesorado del daño irreparable  que acarrearía a nuestra  profesión el hecho de aceptar el cheque que la Consejería de Educación, emulando a la bruja de Blancanieves, nos ofreció cual manzana apetitosa.bruja2

Pero la contestación no solo ha venido por parte de la comunidad educativa. Con un nuevo lapsus calami, a los que ya nos tiene acostumbrados la CEJA, se le olvida señalar en su nota de prensa que también ha habido contestación judicial. Varios varapalos, uno detrás de otro, tanto del TSJA como del TS, que han terminado por noquear y dejar a su potente Gabinete Jurídico como al boxeador sonado justo antes de desplomarse en la lona.

Sin embargo, añade a esta suspensión de su programa estrella una causa más, y es la del supuesto objetivo prioritario del Gobierno Andaluz por mantener la plantilla docente. Ante esto, cabría matizar que Mar Moreno no dice la verdad. Si la voluntad de mantener dicha plantilla fuera real, lo podría haber demostrado a comienzos de este curso, cuando dejó de contratar alrededor de 5000 profesores interinos. PIENSA, haciendo uso de diferentes cauces, defendió de manera reiterada que el dinero del programa de calidad estaría infinitamente mejor utilizado empleándolo en evitar algunos de los muchos recortes a los que nos hemos visto sometidos, de manera injusta, los profesores andaluces. Entre estos, el del despido de miles de compañeros. Pero la Consejería se enrocó y en ningún momento se planteó el intercambio de cromos, y siempre quiso justificar estos despidos como una imposición que les llegaba desde el Gobierno de la Nación.

No nos engañemos. Este aparente paso atrás de la Consejería liderada por Mar Moreno, al que tan poco acostumbrado nos tiene, está amparado en un  plan previamente diseñado, que mantiene intacto el objetivo de conseguir una mejora estadística de los resultados como sea. Y es que el programa de calidad, aun no existiendo formalmente, continuará aplicándose, aunque suene paradójico. No solo porque no se ejecute la suspensión de manera inmediata en todos los centros que en la actualidad están adheridos, sino porque sus objetivos últimos están plasmados en otras normas que han ido surgiendo con posterioridad.

Es más, podemos afirmar, sin atisbo de equivocación, que la Consejería ha elaborado y ya aplica de manera activa un plan alternativo al programa, que pretende los mismos fines, y que le sale gratis total. Con la aprobación del ROC (Reglamento Orgánico de los Centros) se hace preceptiva una memoria de autoevaluación por parte de los centros. Y esta autoevaluación se realiza en base a unos “indicadores”. Si analizamos estos indicadores uno por uno constatamos que coinciden, casi en su totalidad, con los que se usan en el programa de calidad para cuantificar  cuánto dinero le toca cobrar a cada profesor adherido a la causa. De esta guisa, cualquiera que estudie con cierto detenimiento los indicadores para realizar la citada memoria, que aparecen en esta resolución de la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE, ¿les suena?) y los compare con los que hay en los anexos de la versión más actual del Programa de calidad, constatará que son prácticamente idénticos.

Así coinciden en cuestiones tales como el incremento del porcentaje de titulados en Bachillerato o ESO, el aumento del porcentaje de alumnos que promocionan o de los que mejoran los resultados en las pruebas de diagnóstico, la tasa de alumnos absentistas, etc.

Es decir, a través de la memoria de autoevaluación, la Consejería de Educación está en disposición de conseguir por la vía impositiva aquello que le resultó imposible a través del dinero, y que no es otra cosa que presentar unas estadísticas en educación que les resulten propicias para sus intereses. Y para imponerlo, como los profesores nos hemos opuesto a este burdo apaño, hacen uso de la Inspección Educativa, que es la que propone y supervisa en última instancia a qué mejoras en sus cifras ha de aspirar cada centro, importando poco si la mejora de cifras va acompañada de una mejora del aprendizaje. Maquiavélico, ¿verdad?

Con todo esto, no queda más que decir que, si bien el anuncio de la suspensión del Programa de calidad no es una mala noticia en sí misma, aquello por lo que ha sido sustituido es aún peor.

Además de lo anterior, desde PIENSA consideramos que el programa de calidad supuso un frenazo en seco para la homologación salarial de los profesores andaluces con respecto a los de otras comunidades. Esta homologación fue sustituida de manera injusta e ilegal, a tenor de las sentencias judiciales, por los incentivos que sólo aquellos que se adscribieron al programa pudieron obtener. Además, muchos compañeros que no firmaron el acuerdo, tuvieron que sufrir las consecuencias de trabajar en un centro adscrito al programa, con toda la carga de trabajo- meramente burocrático- implícita y la presión que esto supuso en su quehacer profesional (de los resultados obtenidos en las materias y grupos de su responsabilidad dependían los emolumentos a cobrar por los compañeros adheridos a dicho programa).

Por todo ello, y para restituir este agravio económico ilegítimo, exigimos que, en cuanto la situación económica que sufrimos lo permita, la Consejería de Educación equipare las retribuciones económicas de todos los profesores que no aceptaron adherirse al programa con las de aquellos que sí lo hicieron. Esto incluiría no solo los 600 euros que, según una de las sentencias, se cobraron indebidamente el primer año sin estar vinculados a objetivo alguno, sino también todas aquellas cantidades cobradas sobre el máximo de los famosos 7000 euros, así como los complementos consolidados por la participación durante los cuatro cursos.

Para finalizar, si entre los responsables de la Consejería hubiese siquiera la mitad de la dignidad que demostraron los profesores que año tras año rechazaron la manzana lustrosa pero emponzoñada que se les ofrecía, hace mucho, pero mucho tiempo, que algunos habrían ya presentado su dimisión irrevocable y habrían igualmente pedido disculpas a la que gustan llamar “comunidad educativa” por hacer un mal uso de los fondos públicos. Pero,  ya que hablamos de estadísticas, ¿cuál creen ustedes que es el porcentaje medio de dimisiones o ceses en el seno de la Consejería de Educación?

 

 

 

 

 




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