Nuevos estilos, los mismos recortes PDF Imprimir E-mail
Jueves, 19 de Diciembre de 2013 17:13

(Publicado en El Mundo)

Tal y como nos temíamos, los funcionarios andaluces volvemos a ser castigados por el Gobierno Andaluz y dejaremos de cobrar los complementos en las pagas extraordinarias de verano y Navidad de 2014, al igual que ha ocurrido durante 2013. Y esto viene a ocurrir justo después de conocer las declaraciones de la Presidenta Susana Díaz en las que afirmaba no estar de acuerdo con la congelación salarial a los funcionarios prevista por el Gobierno de Rajoy, ya que deprimiría aún más el consumo y supondrá seguir cargando sobre los funcionarios el peso de la crisis. La Presidenta se ha comportado en esta ocasión como una persona o bien muy cínica, o bien muy ignorante en las cuestiones económicas; porque hay que calificar de cinismo el hecho de hacer semejantes declaraciones a sabiendas de que se iba a prorrogar el recorte a los funcionarios; y si no, demostró una absoluta ignorancia acerca de los nuevos Presupuestos Andaluces hasta el punto de ser desmentida por la propia Consejera de Hacienda. Cualquiera de las dos opciones resulta desalentadora.

El Gobierno Andaluz, junto a sus socios de Izquierda Unida, con el fin de justificar el nuevo recorte salarial a los funcionarios y exculparse por ello argumentan que el Gobierno de Rajoy les ha obligado a hacerlo, al recibir Andalucía 1200 millones de euros menos de los previstos de los Presupuestos Generales del Estado. Respetar las pagas extraordinarias de los funcionarios, como hacen los gobiernos del resto de las comunidades españolas, supone un montante aproximado de 320 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno Andaluz, y, por tanto,  IU,  que finalmente ha apoyado semejante atraco, tendrán que explicar este nuevo hostigamiento a los empleados públicos, cuando existen otras muchas partidas presupuestarias a las que hincar el diente.

Detengámonos a citar algunas de las que PIENSA encuentra susceptibles de ser revisadas por considerarlas fútiles, cuando no caprichosas.

En el ámbito educativo encontramos numerosos ejemplos. Así, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE), creada en 2008, supone anualmente algo más de 5 millones de euros. Creemos que nada de lo que hace redunda en la mejora de la calidad de la enseñanza; por el contrario, somos muchos los que opinamos que ha supuesto una nueva traba en el ya de por sí arduo trabajo de enseñar; tal vez, para solaz de nuestros prebostes, haya conseguido mejorar las estadísticas y esto les resulte más que suficiente.

Los libros de texto prestados, que no gratuitos,  a todos los alumnos del sistema educativo, suponen casi 60 millones de euros. En más de una ocasión hemos abogado por una política de becas más racional, dirigida a aquellas familias que realmente lo necesitan. Además, el deterioro de los libros tras ser repartidos durante cuatro cursos seguidos es más que evidente.

También discutibles son los centros de formación del profesorado (CEPs). Tras ser aprobado el Decreto 93/2013, que regula la formación inicial y permanente del profesorado en Andalucía, PIENSA argumentó que dadas las circunstancias y la formación que ofrecían aquellos, no sería mala idea rebajar de forma sustancial, si no suprimir completamente, la existencia de los mismos, como se ha hecho en otras comunidades (con mejores resultados académicos, por cierto). El número de CEPs en Andalucía, 32, y el número de asesores, 262, no tiene parangón. Tan sólo el presupuesto para el personal de estos centros supera los 23 millones de euros.

No podemos olvidar los casi 2 millones de euros destinados a subvenciones para asociaciones de padres, alumnos, o entidades privadas relacionadas con la coeducación, la equidad y el voluntariado. Uno, ante estas cifras, llega a comprender la buena sintonía existente entre los otros sectores de la comunidad, que no los profesores, y la Consejería de Educación.

Fuera del ámbito educativo, cabría destacar  la existencia de numerosos entes y agencias públicos que suponen una generosa mordida a los presupuestos andaluces. Así por ejemplo, tenemos la Agencia Andaluza del Conocimiento con una dotación de casi 6 millones de euros anuales, el Consejo Consultivo con más de 3 millones, la Agencia Andaluza de la Promoción Exterior con 24 millones o la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales que roza los 37 millones.

Pero si hay un paradigma del despilfarro y mal uso del dinero público y que merece mención aparte, esa es Canal Sur. La cadena pública cuenta con un presupuesto anual de casi 166 millones de euros (la mitad de los que nos quitan a los funcionarios), sin contar la deuda multimillonaria que la cadena de radiotelevisión arrastra. Si al menos ofreciese contenidos de calidad, encontraríamos alguna justificación razonable a semejante gasto. Pero, en lo que a  la cadena de televisión se refiere, esta ha quedado para poco más que una agencia matrimonial y un espacio de coplas andaluzas.

Añadamos algunas más, como los casi 11 millones de euros en concepto de subvención a los partidos políticos por las elecciones autonómicas de 2012. Simpático, ¿verdad?

Por continuar: la memoria histórica (450000 €), las indemnizaciones a los agentes sociales del SERCLA (1083000 €), los gastos (innumerables) de publicidad institucionales, la oficina del Defensor del Pueblo (casi 5 millones de euros), las suntuosas publicaciones de revistas en papel cuché (v.gr. Andalucía Joven 54000 €); por no hablar de las archiconocidas subvenciones concedidas graciosamente a algunas de las organizaciones sindicales, y que fueron desviadas en comidas de feria o maletines de imitación, y el resto de las otras muchas subvenciones que forman un conjunto tan denso que harían falta varios artículos como este para englobarlas a todas.

Esto es Andalucía, y así se las gasta (nunca mejor dicho) su Gobierno. Inflexible con sus trabajadores independientes, a los que acosa año sí, año también,  y generoso, muy generoso, con aquellos otros a quienes desea agradar por puro interés político.

¿Se podría evitar el recorte en las pagas extraordinarias de los funcionarios? Nosotros, a tenor de los datos que acabamos de ofrecer, pensamos que sí. Cuanto menos, mitigarlo. Sólo haría falta voluntad para llevarlo a cabo.  El porqué no lo hacen, tendrá que ser el Gobierno Andaluz y aquellos que lo apoyan quienes den las explicaciones oportunas. Ardemos en deseos de escuchar alguna que nos satisfaga.

No podemos concluir este artículo, sin informar de algo que tal vez sorprenda a algún paciente lector. Ayer miércoles, 18 de diciembre, tuvo lugar el debate parlamentario sobre los presupuestos andaluces en el que se confirmó el recorte arriba señalado. Durante el debate algunos delegados sindicales  de CSIF manifestaron su protesta en el propio Parlamento. Fuera del mismo, tuvieron lugar varias concentraciones contra estos presupuestos. Pues bien, casi todas las organizaciones sindicales del ámbito educativo que se manifestaron ayer en contra de la supresión de la paga adicional, el pasado 4 de diciembre votaron en contra de una propuesta presentada por PIENSA en la Junta de Personal Docente de Sevilla. En esa propuesta de resolución se pedía, que al igual que a los docentes del grupo A2, a los pertenecientes al grupo A1 se nos respetaran, al menos, el primer y segundo sexenio de dicha paga adicional. El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos a favor de que se respetara el primer y segundo sexenio: 7 (PIENSA y APIA).

Votos en contra: el resto de delegados sindicales presentes a excepción de los de ANPE que se abstuvieron. Es decir, CSIF, USTEA, CCOO y UGT votaron en contra de que los profesores de secundaria, al igual que los de primaria, cobrasen, si bien no toda la paga adicional, al menos los dos primeros sexenios.

El que tenga oídos, que oiga.



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